Mapear sin estigmatizar

El uso de mapas en las ciencias sociales es una herramienta poderosa. Permiten representar datos, observar territorios y mostrar patrones que el texto solo no puede mostrar. Pero los mapas no son inocentes.

Un mapa parece mostrar la realidad. Pero también la ordena, la recorta, la pinta y la jerarquiza. Decide qué entra y qué queda fuera. Por eso los mapas son poderosos. Y por eso mismo pueden ser peligrosos cuando se usan mal.

Hace algunos días circuló un análisis llevado a cabo por la politóloga Lily Peñaranda, en el cual relaciona indicadores de vulnerabilidad educativo-lingüística con bloqueos de caminos en Bolivia. El texto, publicado en el portal Brújula Noticias, combina datos del Censo de Población y Vivienda 2024, información de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y cartografías municipales. Hasta ahí, parecería que todo iba bien. Es deseable y necesario que el debate público se nutra de datos, cruce fuentes y mire el territorio más allá de la opinión.

El problema empieza cuando la utilización de varias bases de datos se confunde con rigurosidad. Usar muchas bases de datos no garantiza una buena conclusión, o al menos una buena interpretación de estos. Un mapa visualmente atractivo no vuelve científica una interpretación. Y una correlación territorial no demuestra una relación causal.

La pregunta que guía el análisis podría ser legítima. Las desigualdades educativas, lingüísticas y territoriales importan. La conflictividad social también tiene geografía. Sería absurdo negar que la historia política boliviana está marcada por territorios, caminos, regiones, ciudades intermedias y comunidades.

Pero otra cosa es sugerir que las poblaciones de ciertos municipios bloquean porque son más vulnerables, menos educadas o más fácilmente manipulables. Ahí el mapa deja de describir y empieza a insinuar. Ahí el dato corre el riesgo de convertirse en prejuicio.

El análisis presenta al menos tres problemas que vale la pena señalar:

• El primero es el salto entre correlación y causalidad. Y no es un salto entre una correlación fuerte y una conclusión prudente, es un salto desde una correlación débil, basada en una sola variable, hacia una explicación de un fenómeno tan complejo como los bloqueos. En ciencias sociales, ese es uno de los errores más documentados cuando se trabaja con datos cuantitativos. La presencia de bloqueos en territorios con determinados indicadores educativos o lingüísticos no permite concluir que esos indicadores expliquen los bloqueos, los datos no soportan esa conclusión.
• El segundo problema es la sobreexplicación con una sola variable, muy forzada. Un fenómeno tan complejo como los bloqueos en Bolivia no puede reducirse a un indicador único, y mucho menos a uno como la vulnerabilidad educativo-lingüística. Los fenómenos sociales complejos deben ser entendidos a partir de varias categorías, históricas, sociales, económicas y demás. Reducir todo eso a una sola variable es no tiene rigor metodológico.
• El tercer problema, y el más delicado, es la conclusión sobre manipulación política. La politóloga sugiere que ciertas poblaciones serían «blanco fácil de la manipulación» debido a su menor nivel educativo. Pero esa lógica no resiste la evidencia disponible. Si la manipulación política dependiera principalmente del nivel educativo formal, no observaríamos lo que sí observamos en sociedades con altos niveles de escolaridad, donde la desinformación, las cámaras de eco y la polarización afectan también a profesionales y personas con formación universitaria. Hay bibliografía extensa sobre cómo los mecanismos de manipulación operan de manera diferenciada según el contexto, pero no desaparecen con la educación formal. Concluir que una población es manipulable a partir de un mapa de analfabetismo no es un hallazgo, es un supuesto que el análisis asume sin demostrar.

Por eso, si un mapa muestra que ciertos bloqueos están cerca de municipios con ciertos indicadores educativos o lingüísticos, eso puede abrir una pregunta. No una conclusión. Puede invitar a investigar. No a sentenciar.

El punto más delicado, sin embargo, no es solo metodológico. Es político. En Bolivia, asociar analfabetismo, lengua, ruralidad y protesta no ocurre en el vacío. Tiene historia. Tiene clase. Tiene región. Tiene raza. Por eso hay que tener cuidado. Nombrar una vulnerabilidad no debería servir para disminuir la agencia política de quienes la padecen. Una persona que no habla español o es analfabeta no es automáticamente manipulable. Una comunidad con carencias educativas no deja por eso de tener intereses, memoria, organización, demandas y capacidad de lectura política del país.

Nada de esto significa que no debamos usar mapas. Al contrario. Necesitamos más análisis espaciales, más visualización de datos, más investigación territorial y más debate informado. Pero también necesitamos rigurosidad metodológica y ética al momento de interpretar los mapas. Necesitamos más cuidado con las inferencias, más humildad frente a lo que los datos permiten decir y más responsabilidad frente a lo que una visualización puede activar en una sociedad polarizada.

Porque un mapa no solo informa. También persuade.

Los mapas pueden ayudarnos a comprender mejor Bolivia. Pero también pueden reforzar viejas formas de mirar desde arriba a quienes se movilizan, hablan otra lengua o viven lejos de las ciudades donde se produce opinión.

El desafío no es dejar de mapear. El desafío es mapear sin estigmatizar. Porque en un país desigual, lo que hacemos con un mapa también importa.

Link del análisis de Lily Peñaranda: |ANÁLISIS|Vulnerabilidad educativo-lingüística y bloqueos de caminos en Bolivia|Lily Peñaranda| – Brújula Digital