Proyecto de Ley 150/2022-2023: Ley Integral por el Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a Vivir en Familia, del Cuidado y la Protección Integral

Antecedentes

El Proyecto de Ley 150/2022-2023, sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, fue presentado ante la Cámara de Senadores en junio de 2023. Meses después, en octubre de 2023, se realizó en Cochabamba un primer encuentro de socialización con autoridades y organizaciones vinculadas al tema. El 31 de octubre de 2023, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, con respaldo tanto del oficialismo como de la oposición, y remitido a la Cámara de Diputados para continuar su trámite.

Sin embargo, durante 2024 y parte de 2025 el proyecto quedó estancado en comisiones de Diputados, sin lograr su aprobación plenaria. En mayo de 2025 hubo un primer intento de reactivación, cuando la Comisión de Derechos Humanos aprobó el proyecto en grande y en detalle. Poco después, el proceso electoral y el cambio de gobierno volvieron a frenar su avance, dejando el tratamiento en pausa hasta inicios de 2026.

Retoma del proyecto de ley en 2026

Con la nueva composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el tratamiento del proyecto se reactivó a comienzos de 2026. Entre marzo y abril, la Comisión de Derechos Humanos de Diputados convocó una serie de mesas técnicas para revisar el texto aprobado por el Senado en 2023, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el IICC.

En estas mesas técnicas, Atamhi Cawayu y Karla Calderón participaron activamente en representación del IICC, Red de Personas Adoptados de Bolivia y Tejiendo Vínculos, aportando el perspectiva de las personas adoptadas y egresadas de protección en la revisión y el ajuste del texto legislativo.

Como resultado de este trabajo conjunto, el proyecto mantiene su estructura en cuatro pilares:

1. Prevención y fortalecimiento familiar: busca evitar la separación innecesaria fortaleciendo a las familias de origen antes de que se rompa el vínculo familiar.
2. Modalidades alternativas de cuidado: prioriza siempre la convivencia en familia por sobre el acogimiento institucional, e incorpora la nueva figura de la familia acogedora.
3. Reintegración familiar: establece un proceso técnico y jurídico para restituir el derecho a vivir con la familia de origen, con seguimiento obligatorio durante el primer año.

4. Acompañamiento a la vida autónoma: garantiza cobertura en salud, vivienda, formación y empleo para jóvenes egresados hasta los 25 años.

A esto se suman otros avances significativos, como el reconocimiento explícito del derecho a la búsqueda de orígenes, y una nueva asignación presupuestaria diferenciada entre gobiernos municipales y departamentales.

Tratamiento

Tras el cierre de las mesas técnicas, el proyecto avanzó rápidamente en su fase final. El 10 de abril de 2026, la Comisión de Derechos Humanos de Diputados realizó una sesión de socialización y tratamiento del proyecto, en la que Atamhi Cawayu y Karla Calderón compartieron testimonios y hallazgos surgidos de los reportes y estudios del IICC sobre el derecho a vivir en familia en Bolivia. La sesión también incluyó una presentación de Aldeas Infantiles SOS y UNICEF. Tras estas presentaciones, la Comisión aprobó el proyecto, dejándolo listo para su tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados.

El 22 de abril de 2026, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto, en sus estaciones en grande y en detalle.

Debido a las modificaciones introducidas respecto al texto original de 2023, el proyecto debe regresar ahora a la Cámara de Senadores para su revisión y aprobación final, conforme al procedimiento legislativo bicameral. Actualmente, el proyecto se encuentra en esta etapa de revisión final en el Senado, último paso antes de su remisión al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Instituciones y organizaciones participantes

El Proyecto de Ley 150/2022-2023 ha sido elaborado y promovido en corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Entre las instituciones estatales participan el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y la Defensoría del Pueblo. A ellas se suman organizaciones de cooperación y sociedad civil como Aldeas Infantiles SOS Bolivia, UNICEF, Joining Forces, PNUD, Save the Children, World Vision, ChildFund Bolivia, Ayuda en Acción, Alalay, Fundación La Paz y ProgettoMondo, además de la Universidad Católica Boliviana «San Pablo» a través del IICC, Unidad Ciudadana, la Red de Personas Adoptadas de Bolivia y Tejiendo Vínculos. Esta articulación entre instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil ha sido clave para que el proyecto de ley recoja tanto la experiencia técnica como las voces de las comunidades directamente afectadas.