El Derecho como palanca

Por Paola Bedoya Monroy

El 9 de agosto, Bolivia conmemora el Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes. Esta fecha no nació en un despacho legislativo, sino que surgió de las movilizaciones impulsadas en 2006, en Cochabamba, por sobrevivientes, familiares y organizaciones que buscaron romper el silencio, visibilizar la violencia sexual y transmitir a otras víctimas que no estaban solas. De ese proceso colectivo emergieron el lazo azul como símbolo de solidaridad y, un año después, la Ley N.º 3773, que institucionalizó la conmemoración.

Esta historia muestra que el derecho rara vez inaugura los cambios sociales; con frecuencia es el resultado de demandas ciudadanas que luego adquieren reconocimiento jurídico. Pero también evidencia que, una vez aprobadas, las leyes pueden convertirse en herramientas para consolidar esos cambios, combatir la impunidad y reafirmar derechos. Precisamente por ello surge una pregunta que hoy sigue siendo pertinente: ¿qué puede, y qué no puede, hacer el derecho frente a la violencia sexual? 

La inquietud cobra especial relevancia en un contexto de crecientes cuestionamientos a los avances normativos en materia de derechos humanos. Con frecuencia se afirma que «hay demasiadas leyes», que «no sirven» porque la violencia persiste o que representan un exceso de intervención estatal. Estas críticas, sin embargo, parten de una premisa equivocada: esperar que una ley, por sí sola, transforme una realidad construida durante generaciones. El Derecho nunca ha sido una solución única. Su principal función consiste en establecer los límites de lo aceptable en una sociedad, reconocer derechos, definir responsabilidades y crear mecanismos para exigir justicia. En otras palabras, las leyes no eliminan automáticamente la violencia, pero sí crean las condiciones para combatir la impunidad y orientar procesos de transformación social.

En Bolivia, los avances normativos de las últimas décadas permitieron reconocer la violencia sexual como una grave vulneración de derechos humanos y no como un asunto que debía resolverse en el ámbito familiar. Este cambio jurídico también envió un mensaje claro de que estas violencias no son inevitables, ni tolerables, ni responsabilidad de quienes las sufren. Las leyes redefinen aquello que una sociedad considera justo e injusto.

No obstante, investigaciones realizadas por el IICC demuestran que el Derecho encuentra límites cuando las instituciones encargadas de hacerlo efectivo no responden de manera oportuna y cuando persisten factores que favorecen el silencio. El estudio Entre el dolor, la vergüenza y la resiliencia, evidencia que muchas víctimas enfrentan silenciamiento y culpabilización. Estas experiencias no son decisiones individuales aisladas, sino el resultado de factores que continúan asignando la responsabilidad de la violencia a quienes la padecen, privilegian la protección del agresor o consideran que estos hechos deben permanecer dentro del ámbito familiar.

A esta realidad se suma lo que ocurre cuando las víctimas deciden acudir al sistema de justicia. El estudio En mis zapatos muestra que la existencia de un marco jurídico robusto no siempre se traduce en una respuesta efectiva. Aunque las leyes establecen obligaciones claras para investigar y sancionar estos delitos, la investigación identificó importantes cuellos de botella, demoras procesales y niveles preocupantes de impunidad. La distancia entre el derecho escrito y lo que experimentan las víctimas termina debilitando la confianza en las instituciones.

Precisamente allí radica uno de los mayores riesgos de los discursos que hoy cuestionan las leyes de protección. Cuando la violencia persiste, es fácil concluir que el problema son las normas jurídicas. Sin embargo, la evidencia sugiere algo distinto. La persistencia de la violencia no demuestra que las leyes sean innecesarias; revela que su implementación sigue enfrentando importantes desafíos institucionales, culturales y sociales.

Las investigaciones desarrolladas en Bolivia coinciden en que la violencia sexual es un fenómeno complejo que no puede enfrentarse únicamente mediante sanciones penales. Requiere educación, prevención, fortalecimiento institucional, atención integral a las víctimas y transformaciones profundas. Pero ninguna de estas estrategias reemplaza al Derecho. Por el contrario, todas necesitan un marco jurídico, con leyes que garanticen derechos, distribuya responsabilidades y permita exigir respuestas al Estado.

La discusión sobre el papel de las leyes tampoco puede limitarse a su existencia formal. En un Estado comprometido con la protección de los derechos humanos, el desafío consiste en garantizar que el marco normativo y su aplicación sean compatibles con los estándares internacionales. Los Estados no solo tienen el deber de tipificar y sancionar la violencia sexual, sino también de asegurar investigaciones diligentes, procesos libres de estereotipos, protección efectiva de las víctimas y acceso a una reparación integral. En este sentido, no debemos olvidar que el Derecho no puede entenderse como un conjunto de normas estáticas; debe evolucionar de manera permanente para incorporar los desarrollos del derecho internacional y responder a las barreras que la experiencia de las víctimas continúa revelando. 

El verdadero debate no debería ser si las leyes sirven o no, sino cómo lograr que desplieguen todo su potencial transformador. Una ley adquiere sentido cuando las instituciones la aplican con diligencia, cuando las víctimas encuentran protección y cuando la sociedad incorpora los valores que esa norma pretende proteger.

Conmemorar el 9 de agosto implica reconocer que la lucha contra la violencia sexual exige múltiples estrategias articuladas. Las leyes no bastan, pero siguen siendo indispensables. Sin ellas, la violencia corre el riesgo de volver a ser tratada como un asunto privado, las víctimas pierden herramientas para exigir justicia y el Estado deja de tener obligaciones claras frente a la impunidad. Defender el derecho no significa pensar que resolverá todos los problemas; significa reconocer que constituye uno de los pilares sobre los cuales es posible construir una sociedad más justa, donde la protección de la dignidad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres no dependa del silencio, sino de la garantía efectiva de justicia.

Fuentes: «En mis zapatos» (IICC–IJM, 2024); «Entre el dolor, la vergüenza y la resiliencia» (IICC–UNFPA, 2025).