Cuando el clima pesa: salud mental, territorio y cuidado en tiempos de crisis climática

Por Ana María Arias-Uriona, junio de 2026.

Durante mucho tiempo, el cambio climático se ha narrado como una crisis ambiental: aumento de las temperaturas, sequías, incendios, inundaciones y pérdida de biodiversidad. Hoy también se reconoce como una crisis de salud pública. Sin embargo, una de sus dimensiones más profundas sigue siendo poco visible: su impacto en la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas, los hogares y las comunidades.

Mi posicionamiento como investigadora parte de una convicción central: la salud mental no puede comprenderse ni como una experiencia individual ni como un problema que se resuelve únicamente a partir de la atención clínica. La salud mental se produce en condiciones concretas de vida. Está atravesada por la seguridad alimentaria, el acceso al agua, las formas de cuidado, la violencia, la migración, el trabajo, el territorio, la pertenencia cultural, las redes comunitarias y las desigualdades históricas. Desde la epidemiología social, esto implica mirar los determinantes sociales de la salud; desde la interseccionalidad, preguntarnos quiénes cargan con mayor intensidad los efectos de la crisis climática y por qué.

La evidencia global muestra que el cambio climático actúa como un amplificador de riesgos: profundiza las desigualdades ya existentes. Las personas y comunidades que enfrentan pobreza, exclusión social, racismo, desigualdades de género o precariedad laboral suelen estar más expuestas y contar con menos recursos para recuperarse. En contextos rurales e indígenas, donde la vida cotidiana está íntimamente vinculada al territorio, los impactos climáticos se expresan también como la ruptura de los ciclos agrícolas, la preocupación por el futuro, el cansancio emocional, el duelo ecológico y el debilitamiento de las redes de cuidado.

En Bolivia, esta relación se vuelve especialmente evidente. Las sequías, los incendios forestales, el estrés hídrico y la inseguridad alimentaria afectan de manera diferenciada a las comunidades rurales e indígenas. En algunos territorios, las familias ya no saben cuándo sembrar. Las mujeres sostienen la gestión cotidiana del agua, de los alimentos y del cuidado. Niñas, niños y jóvenes crecen con incertidumbre sobre el futuro. La pregunta por la salud mental, entonces, es también una pregunta por la justicia social, ambiental y territorial.

A pesar de ello, las políticas públicas y buena parte de la investigación continúan fragmentadas. Las respuestas ambientales suelen centrarse en la gestión del riesgo y la adaptación. La salud mental, por su parte, tiende a abordarse desde modelos biomédicos e individuales. Entre ambos campos queda un vacío: comprender el sufrimiento psicosocial como una experiencia situada, relacional y colectiva. Este vacío es mayor en el Sur Global, donde la evidencia que estamos sistematizando desde el IICC sigue siendo limitada, especialmente en poblaciones rurales, indígenas, inmóviles o con movilidades complejas.

El trabajo en el IICC busca contribuir a explorar esa zona aún poco recorrida. Desde el proyecto TEAM “Mentes resilientes, futuros sostenibles”, que coordino y que es financiado por VLIRUOS y en colaboración con Louvain Coopération Bolivia, investigamos la relación entre el cambio climático, la salud mental y el vivir bien en comunidades rurales e indígenas de Bolivia, desde un enfoque transdisciplinario y basado en la comunidad. Esta perspectiva reconoce que los problemas complejos no pueden abordarse desde una sola disciplina ni mediante intervenciones externas diseñadas lejos de los territorios. Requieren, según publicamos este año, de diálogo, confianza, permanencia y una producción de conocimiento construida con las comunidades.

A esta iniciativa pronto se suma el proyecto “Travesías de Mente y Territorio”, junto a Climas-Hub, orientado a comprender las relaciones entre la crisis climática, la movilidad, la salud mental y el bienestar en territorios indígenas y rurales. En ambos casos, el desafío es preguntarnos qué evidencia necesitamos, para quién se produce y cómo puede traducirse en respuestas situadas y culturalmente pertinentes.

El interés es comprender cómo las comunidades interpretan el malestar, cómo nombran lo que ocurre cuando el clima altera la vida cotidiana y qué recursos movilizan para sostenerse. Hemos escuchado en las comunidades que el mundo se volvió pesado, que el cuerpo se cansa más, que la tierra ya no responde, que las familias y las comunidades se separan, que las historias antiguas vuelven, pero cuesta escucharlas. Tomar en serio esas formas de nombrar el sufrimiento es una exigencia ética.

Por eso, considero indispensable producir conocimiento situado. Esto implica reconocer que los saberes ancestrales, las prácticas comunitarias y espirituales, los relatos sobre el territorio y las redes de apoyo son formas vivas de cuidado, memoria y resiliencia. También implica evitar romantizar la resiliencia: ninguna comunidad debería verse obligada a resistir indefinidamente sin recursos, sin reconocimiento ni justicia.

Desde esta perspectiva, las intervenciones en salud mental y cambio climático deben ser culturalmente pertinentes, intersectoriales, con enfoque interseccional y construidas con participación real. Necesitamos estrategias que fortalezcan el tejido social, acompañen el sufrimiento sin patologizarlo, reconozcan desigualdades y generen capacidades locales para la prevención, la respuesta y recuperación.

Investigar el cambio climático y salud mental desde Bolivia y desde el Sur Global también es disputar qué cuenta como evidencia. Los datos son fundamentales, pero también lo son las voces, las memorias y los vínculos que permiten comprender cómo se vive la crisis climática en territorios concretos. El conocimiento debe servir para orientar políticas, fortalecer comunidades y abrir caminos hacia cambios reales. Frente a un clima que pesa cada vez más, la respuesta tiene que ser colectiva, situada y comprometida con la justicia social.